Demanda por usucapión y litisconsorcio pasivo necesario

La pasada semana tuvimos la vista de un juicio por usucapión (adquisición de la propiedad de algo por posesión pacífica durante muchos años). Si bien el tema de fondo es también muy interesante (dada la antigüedad posesoria debían aplicarse conjuntamente las previsiones de los arts. 531-23 a 531-28 del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña y la vieja regulación del art. 342 de la Compilación de 1960, además de las presunciones del artículo 35 de la Ley Hipotecaria), queremos centrarnos en los problemas procesales surgidos que exigieron la suspensión de la vista con retroacción de actuaciones.

La demanda se interpuso en su día contra quienes figuran como titulares registrales de la finca objeto de usucapión en el Registro de la Propiedad. Dado que la inscripción es muy antigua, algunos de los titulares habían muerto ya. Se decretó pues la nulidad, por carencia de capacidad procesal, de la admisión de la demanda contra los demandados finados antes de la fecha de la demanda y, se tuvo que ampliar la demanda contra sus ignorados herederos o herencia yacente.

Si bien la mayoría de herederos fueron correctamente emplazados, no constaba en las actuaciones el emplazamiento de los herederos o herencia yacente de uno de los finados titulares registrales. El defecto había pasado inadvertido en la audiencia previa y fue detectado sólo cuando se preparaba el juicio. Se presentó pues escrito poniendo el defecto en conocimiento del tribunal que debió pues decretar la nulidad de actuaciones retrotrayéndose al momento en el que, una vez admitida la ampliación de la demanda, se omitió la notificación a los mismos ignorados herederos o herencia yacente.

Si no se hubiera hecho, el defecto de litisconsorcio pasivo necesario habría impedido dictar sentencia sobre el fondo del asunto (pues, por proscripción de la indefensión, no puede decretarse una usucapión que afectará a todos los titulares registrales vigentes si no han sido notificados con posibilidad de defenderse). Además, la sentencia que eventualmente hubiera podido dictarse no sería inscribible en el Registro de la Propiedad.

Tal y como prevén los artículos 12.2 y 420 LEC procedía pues actuar como lo hizo la Magistrada, decretando de oficio la nulidad parcial de actuaciones ex art. 227.2 LEC, lo que puede hacerse en cualquier estado del proceso, incluso en casación conforme ha decretado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por ejemplo, STS de 18 de mayo de 2006)

Resulta por fin interesante destacar la forma de proceder de la Magistrada que en lugar de suspender la señalización ya convocada (con un montón de Abogados y Procurador de las múltiples partes) aprovechó el acto para resolver in voce y dar audiencia a todas las partes en unidad de acto, todo en el mismo acto del juicio.

Cuando toca explicar los defectos procesales en la Facultad, a menudo resulta demasiado abstracto. Un supuesto práctico ayuda a entender mejor la importancia de las diversas instituciones procesales implicadas.

Por cierto, el asunto planteaba también otro debate muy interesante sobre la capacidad procesal de una sociedad ya disuelta y liquidada, pero el tema, también complejo, lo dejamos por otro post.

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